Los españoles figuran entre los europeos más convencidos del alto nivel de corrupción que les rodea. Un 95% de los ciudadanos considera que esas prácticas están generalizadas en todo el país, según el primer estudio sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y cuyos resultados se han presentado este lunes en Bruselas. Solo Grecia, con un 99% de respuestas positivas, e Italia, con el 97%, superan la cifra española, que se iguala a la de Lituania y República Checa. España se sitúa así entre los cinco países comunitarios donde reina una mayor sensación de corrupción, según el informe. La magnitud del problema se comprueba al observar la media europea: tres de cada cuatro europeos comparten esa certidumbre de corrupción generalizada.
Hay dos elementos en los que España se sitúa a la cabeza de toda la UE. Al valorar si el nivel de corrupción ha crecido en los tres últimos años, un 77% de los españoles considera que sí, por encima de los otros 27 socios comunitarios. Y casi dos de cada tres encuestados creen que esas prácticas les afectan en su vida diaria, más que en ningún otro país. El sondeo, realizado entre febrero y marzo de 2013, llega en un momento en que la corrupción empaña la imagen pública de las grandes instituciones del país: Gobiernos, partidos, sindicatos y hasta la propia monarquía. Esa acumulación de casos ha elevado la consciencia del problema que muestra la población.
El estudio revela que la corrupción está más extendida de lo que parece en el continente, o al menos los europeos lo perciben así. La única excepción son los países nórdicos, modelo, en general, de comportamiento público y privado y de rendición de cuentas a los ciudadanos. En Dinamarca, una inmensa mayoría (el 75%) cree que la corrupción es excepcional. Aunque sigue siendo mayoritario, el porcentaje baja en Finlandia (64%) y en Suecia (54%).
Hasta en la recta Alemania, más de tres cuartas partes de su población señalan esta generalización de las corruptelas. La amplitud del problema lleva a la Comisión Europea a asegurar que los instrumentos legales que existen en todo el continente arrojan resultados que “no son satisfactorios” en la UE. Las conclusiones son claras: “Las declaraciones de intenciones están demasiado alejadas de los resultados concretos y la verdadera voluntad política para erradicar la corrupción parece muchas veces ausente”.
En el caso concreto de España, el Ejecutivo comunitario detecta “cierto número de deficiencias”. El mayor reto, según este análisis, es la corrupción política y la falta de evaluación, “principalmente en el gasto público y en los mecanismos de control en el ámbito regional y local”. Bruselas insiste en estos dos ámbitos. “Las irregularidades en las contrataciones públicas en los niveles regional y local deberían abordarse con más intensidad”.
El trabajo dedica también un capítulo especial a la percepción que tienen las empresas de este fenómeno. Los resultados son similares a los de los ciudadanos. Tres de cada cuatro compañías constatan esa corrupción generalizada. En el ámbito empresarial, España obtiene resultados aun peores: el 97% de sus compañías lo viven así, un porcentaje igualado por Italia y solo superado por Grecia (99%).
El punto más débil de la encuesta ciudadana llega a la hora de preguntar por su propia experiencia. Solo un 8% de los interrogados aseguran haber experimentado o sido testigos de un caso de corrupción. Y, de ellos, apenas el 12% lo denunciaron, un dato muy ilustrativo del grado de tolerancia (o al menos de impotencia) que la ciudadanía concede al aprovechamiento de recursos comunes en beneficio de unos pocos.
Sin competencias para adoptar medidas, la Comisión Europea expresa su preocupación ante los resultados de este primer trabajo y se compromete a colaborar con los Estados miembros en la adopción de medidas concretas. Entre ellas, Bruselas recomienda reforzar la rendición de cuentas públicas, intensificar los mecanismos de control en las autoridades, mejorar las políticas que pretenden atajar los conflictos de interés, asegurar que no se obstruyen los procedimientos abiertos contra cargos políticos electos y ofrecer protección a los filtradores de estas prácticas.
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